Mendoza rechazó reclamo millonario de funcionarios judiciales por equiparación salarial
El Gobierno cerró el expediente de 32 trabajadores judiciales que pedían retroactivos por la Cláusula C de 2013. Los reclamantes irán a la Suprema Corte de Justicia.
El Gobierno provincial cerró definitivamente el expediente administrativo de un reclamo salarial presentado por 32 funcionarios judiciales. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial esta semana, el Poder Ejecutivo declaró prescripta la causa y ordenó su archivo, rechazando la solicitud de equiparación salarial que llevaba años en trámite.
Los trabajadores agrupados en la Asociación de Funcionarios Judiciales exigían el pago retroactivo de diferencias en sus haberes desde la aplicación de la denominada "Cláusula C", un mecanismo incluido en el acuerdo paritario de 2013. La representación legal de los reclamantes está a cargo de Alejandro Jofré, exsubsecretario de Trabajo durante la primera gestión de Alfredo Cornejo, quien ya confirmó que no se rendirán ante esta decisión.
La respuesta del Gobierno
El Ejecutivo provincial fundamentó su rechazo en dos argumentos principales. Primero, utilizó la prescripción administrativa: según el Informe Técnico-Legal Nº 43/2026, habían transcurrido más de dos años entre el último movimiento útil del expediente y la presentación posterior de los interesados. Este período superó el plazo de prescripción bienal establecido por la normativa provincial, lo que permitió al Gobierno declarar la causa prescripta.
El segundo argumento fue de índole judicial. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno se apoyó en un fallo anterior de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en un caso similar. Ese pronunciamiento estableció que la "Cláusula C" no genera un derecho automático al cobro de reajustes o diferencias retroactivas, sino que constituye una pauta de negociación para tratarse en el ámbito paritario.
Antecedentes del conflicto
La llamada "Cláusula C" o cláusula de enganche fue incorporada al acuerdo paritario de 2013 con el objetivo específico de reducir las brechas salariales entre los distintos sectores del Poder Judicial. El mecanismo buscaba evitar que los incrementos otorgados a los funcionarios judiciales quedaran rezagados respecto de otros sectores.
Esta es la segunda vez que el Gobierno rechaza formalmente el reclamo, utilizando argumentos legales para sostener que no existe obligación de pago. La resolución judicial anterior quedó firme después de que fuera denegado el recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los próximos pasos
Alejandro Jofré confirmó a medios locales que los trabajadores continuarán con el reclamo ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Cuentan con un plazo de 30 días a partir de la publicación del decreto para realizar la presentación judicial. De esta manera, el conflicto salarial que lleva años sin resolverse escalará nuevamente en la esfera judicial provincial.
La decisión del Gobierno marca un punto de inflexión en una disputa que mantiene en tensión a los funcionarios judiciales mendocinos. Mientras la administración provincial cierra administrativamente la puerta, los reclamantes apuestan a que la justicia provincial reconozca derechos que consideran adquiridos desde hace más de una década.
Seguí el desarrollo de este conflicto laboral mendocino en Cóndor Noticias.
