Organismo internacional inspeccionará cárceles mendocinas por denuncias de hacinamiento
La CIDH visitará los establecimientos San Felipe y Almafuerte para verificar condiciones carcelarias tras denuncias de 2014 sobre superpoblación y hacinamiento en Mendoza.
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el jurista guatemalteco Edgar Stuardo Ralón, visitará los establecimientos penitenciarios San Felipe y Almafuerte para evaluar las condiciones en las que se encuentran alojadas las personas privadas de libertad en Mendoza.
La inspección responde a una denuncia presentada en 2014 por el abogado mendocino Carlos Varela Álvarez, quien denunció hacinamiento, superpoblación carcelaria y sus consecuencias para los internos y el personal penitenciario. El reclamo internacional derivó en un acuerdo alcanzado en Washington en 2025 entre el peticionante y el Gobierno provincial.
El acuerdo con el Gobierno provincial
En el convenio se contempló el levantamiento de la medida cautelar sujeto al cumplimiento de un plan de acción para mejorar las condiciones de habitabilidad. De las recorridas también participarán representantes de la Cancillería Argentina y el abogado denunciante. Las conclusiones de la visita serán relevantes para que el organismo internacional defina los próximos pasos del procedimiento y las eventuales recomendaciones a la provincia.
Varela Álvarez advirtió en la previa de la inspección que la superpoblación continúa siendo uno de los principales problemas del sistema penitenciario mendocino. Según explicó, la cantidad de personas alojadas en una misma celda dificulta el acceso a derechos básicos como la salud, la educación, la alimentación y el trabajo.
Impacto del hacinamiento en los detenidos
El hacinamiento agrava los conflictos entre internos y con el personal penitenciario, favorece situaciones de violencia y limita la comunicación con el exterior y el acceso a la Justicia. El abogado atribuyó esta situación a una política de mayor encarcelamiento sin una respuesta suficiente a las necesidades que surgen durante la detención.
Otro de los puntos incluidos en los reclamos es la calidad del agua potable en la cárcel de San Felipe. Esta cuestión también fue planteada mediante un hábeas corpus colectivo, rechazado en mayo por el juez Diego Flamant. La apelación permanece pendiente de resolución ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
La evaluación que vendrá
La inspección de los dos establecimientos permitirá evaluar las condiciones denunciadas y los avances comprometidos por la provincia en el marco del procedimiento internacional. Ralón es abogado constitucionalista con dos décadas de trayectoria profesional, especializado en materia constitucional y derechos humanos.
La visita del titular de la CIDH marca un punto de inflexión en la supervisión de las condiciones carcelarias mendocinas a nivel internacional. El organismo buscará verificar si la provincia ha cumplido con los compromisos asumidos y qué acciones concretas se han implementado para reducir la superpoblación y mejorar la infraestructura de las prisiones.
Seguí los detalles de la inspección internacional en las cárceles mendocinas.
