Trasplantados mendocinos denunciarán al Gobierno por incumplimiento de ley
La Asociación de Trasplantados de Mendoza presentará una demanda judicial contra el Gobierno provincial por no implementar la Ley 9.199 tras seis años de reclamos sin respuesta.
La Asociación de Trasplantados de Mendoza prepara una acción judicial contra el Gobierno provincial y el Ministerio de Salud por el incumplimiento de la Ley 9.199, la normativa que establece medidas de protección integral para personas trasplantadas y pacientes en lista de espera. Después de más de seis años pidiendo la aplicación efectiva de esta ley, la organización decidió recurrir a los tribunales.
Claudia Correa, referente de la asociación, explicó que los traslados para quienes viven lejos de centros especializados, el acceso a controles médicos y la disponibilidad de medicamentos siguen siendo obstáculos concretos para esta población. A pesar de los reclamos reiterados, el Gobierno no ha implementado las garantías que la legislación provincial establece desde hace años.
Una población vulnerable y desatendida
En Mendoza hay 2.304 personas trasplantadas de órganos y tejidos, según datos que manejan desde la asociación. Si se incluyen quienes recibieron trasplantes de médula ósea, la cifra se acerca a 2.500. Todos ellos requieren atención médica continua y protección integral, tal como contempla la ley 9.199, que adhiere a la normativa nacional 26.928.
Pero esa protección no se traduce en acciones concretas. Los pacientes siguen enfrentando limitaciones para movilizarse hacia centros de control, para obtener sus medicamentos y para cumplir con los seguimientos necesarios después del trasplante.
Estrategia legal y legislativa
La asociación no solo irá a los tribunales. También presentará una nota formal ante la Comisión de Derechos y Garantías de las cámaras de Diputados y Senadores de Mendoza. El objetivo es que los legisladores intervengan y exijan el cumplimiento de la ley vigente.
Correa fue enfática al señalar que el reclamo no es nuevo. Lleva años sobre la mesa, pero las respuestas nunca llegaron. Lo que buscan ahora es que tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo presionen para que la normativa se aplique de verdad.
Lo que está en juego
Detrás de esta acción hay más de 2.300 personas que dependen de medicamentos, de traslados y de controles periódicos para mantener su salud después del trasplante. Sin esos servicios garantizados por ley, su calidad de vida se ve comprometida y su derecho a la protección integral queda en el papel.
Correa remarcó que es inaceptable que una ley sancionada por la provincia no se implemente de manera efectiva. La Ley 9.199 existe. Los derechos están escritos. Lo que falta es que el Gobierno los cumpla.
El próximo paso
Ahora la Asociación de Trasplantados Mendoza espera que tanto la Justicia como los legisladores respondan a su presentación. El caso abre la puerta para que una población vulnerable e históricamente desatendida logre acceder a las garantías que la ley ya les reconoce.
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