Diputado impulsa proyecto para crear figura del Abogado del Niño

Lucas Ilardo presentó un proyecto en la Legislatura mendocina para garantizar el funcionamiento efectivo de un abogado que defienda los intereses de niños y adolescentes.
Lucas Ilardo, legislador de Fuerza Patria, ingresó un proyecto en la Legislatura mendocina para permitir que los menores cuenten con representación legal que resguarde sus intereses particulares, aún cuando estos difieran de los de sus progenitores o representantes.
La propuesta busca materializar en Mendoza el acceso real, autónomo y sin costo alguno a la institución del Abogado del Niño. Si bien esta figura se encuentra reconocida en la legislación vigente, en la práctica enfrenta obstáculos para implementarse en los procesos judiciales.
Según los fundamentos del expediente, el proyecto apunta a resolver diversos problemas que limitan el funcionamiento de esta herramienta: la ausencia de un mecanismo de financiamiento estatal, las limitaciones operativas y la duplicación de funciones con otros organismos que integran el sistema de protección de derechos.
Independencia y representación propia
Uno de los ejes centrales de la propuesta es establecer que el patrocinio jurídico funcione de manera independiente respecto de los progenitores, tutores o representantes legales. El objetivo es que niños y adolescentes puedan expresar su propia voz en los procesos judicales que los involucran, sin que sus intereses queden subsumidos en la representación de los adultos responsables de su crianza.
El proyecto también incorpora criterios ligados con la autonomía progresiva. Propone presumir que a partir de los 13 años los menores tienen aptitud para designar un abogado, mientras que para quienes tienen menor edad plantea una evaluación flexible, considerando su madurez y capacidad para entender la situación.
Gratuidad y financiamiento
Otro componente fundamental es la gratuidad absoluta del servicio. Para hacerla viable, Ilardo propone constituir un fondo especial provincial dotado de una partida presupuestaria específica, que permita al Estado provincial cubrir los honorarios de los profesionales. De esta forma se procura impedir que las limitaciones económicas de las familias se erijan como obstáculo para acceder a una representación jurídica propia.
Fundamentos legales
La iniciativa se fundamenta en la Convención Internacional sobre Derechos de la Infancia así como en la Ley Nacional 26.061 que garantiza la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ambas normas establecen que la infancia tiene el derecho a ser oída y a intervenir activamente en aquellos procesos que repercuten en sus existencias.
El proyecto ingresó a la Legislatura mendocina y requiere atravesar el debate parlamentario para transformarse en ley. El debate traerá al tapete una problemática que va más allá de lo jurídico: en qué medida se logra garantizar que los derechos contemplados en la legislación tengan también una materialización efectiva cuando un menor requiere acudir ante la Justicia.
Fuente: Diario NDI
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