Cornejo enfrenta el dilema entre obra pública y austeridad fiscal

El Gobierno provincial enfrenta un dilema complejo: cómo mantener el ritmo de ejecución de obras públicas sin comprometer las metas de austeridad fiscal que ha defendido como bandera. La tensión se agudiza en un contexto donde el financiamiento nacional se reduce sostenidamente desde el inicio del mandato presidencial de Javier Milei.

El llamado "Modelo Mendoza", promocionado durante años por la administración del gobernador Alfredo Cornejo como símbolo de orden económico y previsibilidad, comienza a enfrentar obstáculos que desafían su sostenibilidad. La realidad muestra que la lógica contable exigida por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, bajo la dirección del ministro Víctor Fayad, casi entra en conflicto con las necesidades urbanas y sociales de un territorio que experimenta los límites de su autofinanciamiento.

El desafío fiscal del Gobierno provincial

A primera vista, los números que presenta la administración cornejista muestran solidez macroeconómica. El presupuesto vigente concentra en obra pública un porcentaje superior al promedio histórico de las últimas décadas, exhibiendo además un superávit que el Gobierno utiliza como su principal activo político. La ampliación presupuestaria aprobada hace poco por 371 mil millones de pesos refleja la capacidad de captar mayores recursos derivados de la recaudación propia provincial.

Sin embargo, esos números no se traducen directamente en ejecución de obras. El Gobierno provincial sufre problemáticas severas en el ritmo de construcción, que depende de un financiamiento limitado y condicionado por los vaivenes de la macroeconomía nacional.

La obra pública bajo presión

La continuidad de los proyectos de infraestructura que actualmente se ejecutan en los distintos oasis productivos se sostiene casi exclusivamente sobre el Fondo de Resarcimiento por la Promoción Industrial. Este stock de recursos extraordinarios, preservado tras disputas legales prolongadas, financia actualmente más de treinta obras públicas vinculadas al saneamiento, la optimización hídrica y la reconversión vial.

Este esquema permite temporalmente al Gobierno mendocino sostener la actividad de construcción y mitigar el impacto de la parálisis que enfrenta la obra pública nacional. Sin embargo, la administración observa con creciente atención la sostenibilidad de este mecanismo.

Las tensiones sobre la mesa

La provincia se encuentra frente a un gran desafío: sostener la austeridad fiscal sin desfinanciar las obras energéticas. El problema se agudiza con el creciente malestar de los prestadores de servicios esenciales, que ven limitadas las inversiones en sus sectores. La parálisis del financiamiento nacional crea un efecto dominó que afecta la capacidad de ejecución provincial.

Milei ha retirado puntos de financiamiento para las provincias de forma lenta pero sostenida desde el inicio de su gestión. Mendoza no es una excepción, aunque ha logrado mantener mejor que otras jurisdicciones su ritmo de obras gracias a fuentes de financiamiento propias.

Hacia dónde va la estrategia

El Gobierno provincial navega un escenario en el que cada decisión tiene implicancias políticas. Priorizar austeridad fiscal significa desacelerar obras; mantener el ritmo de construcción requiere flexibilizar las metas de superávit. Por ahora, la apuesta es sostener ambas mediante la gestión eficiente del Fondo de Resarcimiento, pero esa estrategia tiene límites claros.

La provincia enfrenta así un horizonte incierto donde la sostenibilidad del modelo dependerá de cómo evolucione el financiamiento nacional y cuánto tiempo más pueda mantener la actual estructura de gastos sin comprometer su estabilidad fiscal.

*Fuente: Mendoza Today*