Ferraro denuncia intervención política en la Oficina de Presupuesto

El diputado nacional Maximiliano Ferraro encendió la alarma sobre lo que considera un intento del Ejecutivo de tomar control de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). A través de la red social X, denunció que "tomaron por asalto la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación y la están desmantelando", a pocos días del envío del proyecto de Presupuesto 2027 al Parlamento.

El pedido de transparencia

Ferraro dirigió su reclamo a la vicepresidenta Victoria Villarruel, al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, y a los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras, Bertie Benegas Lynch y Agustín Monteverde. También cuestionó el funcionamiento de la Comisión de Supervisión Parlamentaria de la OPC.

El legislador señaló una irregularidad grave: las reuniones de esa comisión bicameral no son difundidas en los sitios oficiales del Congreso ni transmitidas por los canales institucionales, a diferencia de lo que ocurre con otras comisiones parlamentarias. Una sesión realizada en junio no fue transmitida, y otra convocada para el lunes tampoco figuraba en la agenda pública de actividades legislativas.

La contradicción normativa

Ferraro enfatizó que no existe disposición legal alguna que establezca el carácter reservado de esos encuentros. Más aún, recordó que el reglamento de la propia OPC consagra expresamente los principios de transparencia y acceso público a la información.

"La publicidad de los actos parlamentarios y el acceso a la información son condiciones indispensables para fortalecer el control institucional", afirmó el legislador. Su denuncia cobra relevancia justo cuando el Congreso se prepara para debatir la Ley de Presupuesto Nacional, un documento clave para la política fiscal del país.

El contexto de cambios

La acusación de Ferraro surge después de cambios significativos en la estructura de la OPC. Recientemente renunció Gabriel Esterelles, director general del organismo, mientras continúa una auditoría impulsada por la Comisión de Supervisión Parlamentaria.

Desde distintos sectores de la oposición advierten sobre una presunta intervención política en la OPC. El oficialismo, por su parte, sostiene que las medidas adoptadas responden únicamente a observaciones surgidas de esa auditoría, negando cualquier intención de control político del organismo.

El debate de fondo

La controversia refleja tensiones más amplias sobre el control institucional en torno al presupuesto nacional. La OPC es un organismo técnico cuyo rol es asesorar al Congreso en materia presupuestaria. Que su funcionamiento carezca de transparencia pública justo antes del debate de uno de los documentos legislativos más importantes del año genera preocupación en sectores parlamentarios.

La posición de Ferraro es clara: sin acceso a la información y sin transmisiones públicas de las comisiones que supervisan la OPC, resulta imposible que el Parlamento y la ciudadanía ejerzan un control democrático real sobre cómo se estructura la política fiscal nacional.

Por ahora, el organismo permanece bajo escrutinio mientras el Ejecutivo se prepara para presentar su proyecto presupuestario en los próximos días. La batalla por la transparencia y el control institucional sobre la OPC apenas está comenzando.