Sagasti presenta proyecto para proteger adultos mayores en Mendoza

En pocas semanas, tres personas adultas mayores fallecieron en Mendoza en contextos donde la Justicia investiga posibles abandono. El caso más resonante fue el de Trinidad Arce, de 76 años, cuya muerte prendió alerta sobre una problemática que permanece invisibilizada: qué sucede cuando un mayor queda desprotegido sin que el Estado, la familia o las instituciones actúen a tiempo.

Ante esta realidad, la senadora Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto de ley para establecer un Régimen de Protección y Promoción de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con alcance nacional. La iniciativa parte de un principio clave: las personas mayores son sujetos de derecho y merecen protección integral que garantice vida digna, autonomía, salud, seguridad social, participación, vivienda, alimentación y resguardo frente a toda forma de violencia o abandono.

Una definición integral del maltrato

El proyecto incorpora una definición amplia sobre qué constituye abuso y maltrato. No se limita a la violencia física o psicológica, sino que incluye también abandono, negligencia, abuso económico y patrimonial, abuso sexual, maltrato medicamentoso y maltrato simbólico. De manera especial, define como maltrato negligente toda acción u omisión que implique descuido o abandono, sea intencional o no, respecto de obligaciones básicas para la vida de una persona mayor que depende de otra: alimentación, higiene, vestimenta, seguridad y salud.

La propuesta establece además que cualquier persona que tome conocimiento de una situación de abuso o vulneración de derechos deberá informarlo a la autoridad correspondiente. Se trata de un mecanismo de alerta temprana que busca romper el silencio.

La línea nacional de atención

Uno de los pilares centrales es la creación de la "Línea del Adulto Mayor", un canal nacional, gratuito y disponible las 24 horas, los 365 días del año. La propuesta contempla además otros canales directos de comunicación como correo electrónico y redes sociales. La premisa es clara: que pedir ayuda sea fácil, rápido y accesible para cualquier persona que enfrente una situación de riesgo.

El rol del Estado y las familias

El proyecto establece que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de crear, controlar y garantizar políticas públicas de carácter federal destinadas a adultos mayores. En situaciones de desamparo cuando está en riesgo la vida digna o la salud de una persona mayor, el Estado debe garantizar cobertura de necesidades básicas: alimentación, agua, vestimenta, vivienda y atención de salud.

Simultáneamente, la iniciativa reconoce la responsabilidad de las familias de brindar atención y protección. El Estado deberá generar políticas y programas necesarios para que las familias puedan asumir adecuadamente esa responsabilidad sin quedar solas frente a la tarea.

Por qué llega ahora

Los casos de Mendoza ponen en evidencia que la vulneración de derechos de adultos mayores no es un problema ajeno. La iniciativa de Fernández Sagasti responde directamente a esas muertes evitables, a esos vacíos legales que permitieron que personas mayores quedaran expuestas sin protección. El proyecto busca que, ante una situación de riesgo, el Estado no llegue tarde. La premisa es contundente: una vida de un adulto mayor no es negociable.

(Fuente: Cóndor Noticias)