Crisis del arbolado en Mendoza: otra muerte por el Zonda y una ley que no llega
Un nuevo fallecimiento por caída de árboles reaviva el reclamo por una ley de arbolado público que lleva años sin tratarse en Mendoza.
Un nuevo episodio de viento Zonda en Mendoza dejó como saldo una persona fallecida por la caída de un árbol. El hecho reavivó un debate que se repite cíclicamente en la provincia: la crisis del arbolado público y la ausencia de una legislación integral que aborde el problema de fondo.
No es la primera vez que una ráfaga de Zonda termina en tragedia. Cada temporada de vientos fuertes, Mendoza enfrenta el mismo escenario: árboles que colapsan sobre vehículos, viviendas y personas, con consecuencias que en muchos casos resultan fatales.
Un problema estructural que se repite
La situación del arbolado público en Mendoza viene deteriorándose desde hace años. La falta de mantenimiento preventivo, podas inadecuadas o directamente inexistentes, y la ausencia de un relevamiento actualizado del estado de los ejemplares son factores que se combinan para agravar el riesgo cada vez que sopla el Zonda.
Los especialistas vienen advirtiendo que muchos de los árboles que bordean calles y rutas de la provincia están enfermos, debilitados o han superado su vida útil. Sin embargo, las intervenciones suelen llegar tarde, generalmente después de que ocurre un incidente grave.
Este patrón se repite en los distintos departamentos de la provincia, incluyendo la zona del Valle de Uco, donde el viento Zonda también genera estragos recurrentes sobre el arbolado urbano y rural.
La ley que sigue en espera
Desde hace tiempo se impulsa un proyecto de ley de arbolado público que busca establecer un marco normativo claro para la gestión, mantenimiento y reposición de árboles en toda la provincia. Sin embargo, según informó el diario Los Andes, la iniciativa legislativa continúa sin ser tratada en la Legislatura mendocina.
El proyecto apunta a definir responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno —provincial y municipal— y a establecer protocolos de acción preventiva. También busca crear un registro provincial del arbolado público que permita identificar ejemplares en riesgo antes de que se conviertan en una amenaza.
La demora en el tratamiento legislativo genera frustración entre quienes vienen trabajando en la problemática. Organizaciones ambientales, profesionales del sector forestal y vecinos afectados coinciden en que sin un marco legal adecuado, las acciones de los municipios seguirán siendo dispersas e insuficientes.
Responsabilidades difusas
Uno de los nudos centrales del problema es la indefinición respecto a quién debe hacerse cargo del mantenimiento del arbolado. En muchos casos, los municipios alegan falta de recursos y personal capacitado para realizar las podas y los controles necesarios. Por su parte, la provincia no cuenta con una política unificada que coordine las acciones entre los distintos departamentos.
Esta dispersión de responsabilidades genera un vacío que se traduce en calles y avenidas con árboles en estado crítico, ramas que penden sobre el tendido eléctrico y ejemplares que, ante la primera ráfaga fuerte, terminan en el suelo.
Los vecinos, en tanto, quedan atrapados en un laberinto burocrático cuando intentan gestionar la poda o el retiro de un árbol que consideran peligroso. Los trámites suelen ser lentos y las respuestas, insuficientes.
El Zonda como detonante recurrente
El viento Zonda es un fenómeno climático característico de la región cuyana que se presenta con mayor frecuencia entre mayo y noviembre. Sus ráfagas pueden superar los 100 kilómetros por hora y generan condiciones de extrema sequedad y calor que afectan tanto a la infraestructura como a la salud de las personas.
Cada vez que el Zonda golpea con fuerza, las consecuencias sobre el arbolado son evidentes: ramas y árboles enteros caen en zonas urbanas, cortan calles, dañan vehículos y ponen en riesgo la vida de los habitantes. Los servicios de emergencia se ven desbordados y los municipios deben destinar recursos de urgencia para atender las situaciones más críticas.
Sin embargo, una vez que el viento cesa y se limpian los escombros, el tema suele quedar relegado hasta el próximo episodio. Es justamente esa dinámica reactiva la que los impulsores de la ley de arbolado buscan revertir con una política de prevención sostenida en el tiempo.
Qué puede pasar ahora
La nueva muerte por caída de árboles podría generar presión para que la Legislatura retome el tratamiento del proyecto. Sin embargo, no hay señales concretas de que eso vaya a ocurrir en el corto plazo.
Mientras tanto, los municipios seguirán gestionando la problemática con los recursos disponibles y los vecinos continuarán expuestos a un riesgo que, según los especialistas, es perfectamente prevenible con planificación y voluntad política.
El caso de Mendoza pone en evidencia una contradicción: una provincia que históricamente se enorgullece de su forestación urbana —herencia de una tradición que se remonta a la época de la colonia— no logra articular una política pública acorde para proteger y renovar ese patrimonio verde.
La pelota está en la cancha de los legisladores. Cada temporada de Zonda que pasa sin una ley de arbolado es una oportunidad perdida y, como quedó demostrado una vez más, un riesgo latente para la población.
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