Mahiques aseguró que Milei no está obligado a firmar el pliego de la jueza Michelli

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, salió a respaldar públicamente la decisión del presidente Javier Milei de no firmar el pliego de la jueza Michelli, cuya designación ya fue aprobada por el Senado de la Nación. El funcionario afirmó que el mandatario no tiene obligación legal de rubricar el decreto y que lo hará cuando lo considere oportuno.

La declaración del titular de la cartera de Justicia agrega un nuevo capítulo a una controversia institucional que pone en tensión la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, y plantea interrogantes sobre los alcances de las facultades presidenciales en materia de nombramientos judiciales.

Qué dijo Mahiques sobre el pliego

El ministro fue contundente al referirse al tema. Según lo publicado por Clarín, Mahiques sostuvo que "cuando el Presidente considere que es el momento oportuno, firmará el decreto" correspondiente al nombramiento de la jueza Michelli. Con esa frase, el funcionario dejó en claro que desde el Ejecutivo no hay apuro alguno por avanzar con la designación.

La postura del ministro de Justicia se inscribe en una línea argumental que busca separar dos instancias: la aprobación del pliego por parte del Senado y la firma del decreto presidencial. Para el Gobierno, se trata de dos actos jurídicos distintos, y el segundo no se desprende automáticamente del primero.

Esta lectura, sin embargo, no es compartida por todos los actores del mundo jurídico y político. Para un sector amplio de constitucionalistas, una vez que el Senado presta su acuerdo, el Presidente tiene la obligación de completar el procedimiento con la firma del decreto de designación.

La oposición de Milei a la designación

El trasfondo de esta controversia es la resistencia que el propio presidente Milei había manifestado respecto del pliego de la jueza Michelli. Aunque los detalles específicos de esa oposición no fueron explicitados en profundidad por el Gobierno, lo cierto es que el mandatario dejó trascender su disconformidad con la candidata antes incluso de que el Senado votara su designación.

Este tipo de situaciones no son habituales en la dinámica institucional argentina. Si bien históricamente hubo tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo respecto de nombramientos en el Poder Judicial, la negativa explícita de un presidente a firmar un pliego ya aprobado por la Cámara alta representa un escenario poco frecuente.

La postura del Gobierno genera un precedente que podría tener consecuencias a largo plazo. Si el Ejecutivo puede demorar indefinidamente la firma de un decreto de designación judicial, el mecanismo constitucional de acuerdo senatorial perdería parte de su eficacia práctica.

Un conflicto entre poderes

Lo que está en juego trasciende el caso particular de la jueza Michelli. La discusión de fondo es sobre el equilibrio de poderes y los límites de la discrecionalidad presidencial en el proceso de designación de magistrados.

Desde el oficialismo, la lectura es que el Presidente conserva un margen de decisión incluso después de que el Senado se expida. Esta interpretación le otorga al Ejecutivo una suerte de poder de veto tácito sobre las designaciones judiciales, algo que no está contemplado expresamente en la Constitución Nacional pero que tampoco cuenta con una prohibición textual.

Desde la oposición y desde distintos espacios del arco jurídico, en cambio, se advierte que esta práctica podría vulnerar el espíritu del sistema de frenos y contrapesos diseñado por la Carta Magna. El argumento central es que si el Senado ya prestó su acuerdo, el acto de firma del decreto debería ser una formalidad administrativa y no un instrumento de presión política.

Los antecedentes y el contexto político

La relación entre el gobierno de Milei y el Poder Judicial ha sido un terreno de fricción constante desde el inicio de la gestión. Las críticas del mandatario a sectores de la Justicia, sus cuestionamientos a fallos que consideró adversos y las tensiones con el Consejo de la Magistratura configuran un panorama de confrontación que excede este episodio puntual.

En ese marco, la demora en la firma del pliego de Michelli puede leerse como un movimiento más dentro de una estrategia más amplia del Ejecutivo para marcar su posición frente al Poder Judicial. El mensaje parece claro: el Gobierno no está dispuesto a avalar designaciones con las que no comulga, aun cuando el procedimiento institucional ya haya avanzado.

Por otro lado, la intervención pública de Mahiques también funciona como un respaldo explícito del gabinete a la postura presidencial. El ministro de Justicia no se limitó a describir una situación, sino que la justificó abiertamente, lo cual deja poco margen para interpretaciones ambiguas sobre la posición oficial.

Qué puede pasar ahora

El escenario tiene varias derivaciones posibles. Si el Gobierno continúa demorando la firma, no se descarta que algún actor con legitimación procesal impulse una acción judicial para forzar el cumplimiento del procedimiento constitucional. Esa hipótesis abriría un frente judicial que sumaría un nuevo capítulo a la disputa.

También existe la posibilidad de que, como sugirió Mahiques, Milei finalmente firme el decreto pero en sus propios tiempos, utilizando la demora como una señal política sin llegar a un quiebre institucional.

Lo cierto es que mientras la firma no se concrete, la jueza Michelli permanece en un limbo: designada por el Senado pero sin poder asumir efectivamente el cargo. Una situación que refleja las tensiones de fondo entre los poderes del Estado en la Argentina actual.

Por el momento, desde la Casa Rosada no se informó un plazo concreto para la resolución de este asunto. La pelota, al menos formalmente, sigue en el escritorio presidencial.