El Gobierno advierte que Milei no está obligado a firmar el nombramiento de la jueza Michelli

El Gobierno nacional dejó en suspenso la designación de la jueza Michelli pese al aval otorgado por el Senado de la Nación. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, advirtió que la aprobación de la Cámara Alta no obliga al presidente Javier Milei a firmar el decreto correspondiente y que la decisión se tomará "cuando se considere que sea el momento oportuno". La postura abre un escenario de incertidumbre política y judicial.

Qué dijo el ministro de Justicia

Cúneo Libarona fue contundente al referirse al alcance de las atribuciones presidenciales en materia de nombramientos judiciales. Según sus declaraciones, recogidas por Clarín, el titular de la cartera de Justicia señaló que "el Senado habilitó al Presidente para firmar la designación, pero no lo obligó".

En esa línea, remarcó que el jefe de Estado no solo tiene la potestad de elegir un candidato de la terna que se le presenta, sino que también puede retirarlo sin necesidad de ofrecer explicaciones a ningún otro poder del Estado.

La afirmación del ministro no es menor. Implica que, desde la lectura del Ejecutivo, el acuerdo del Senado funciona como una habilitación y no como un mandato imperativo. Es decir, el Presidente queda facultado para avanzar, pero conserva la última palabra sobre si efectivamente concreta o no el nombramiento.

El mecanismo constitucional en juego

Para comprender la controversia hay que repasar cómo funciona el sistema de designación de jueces en Argentina. El proceso comienza con un concurso ante el Consejo de la Magistratura, que elabora una terna de candidatos. Esa terna se eleva al Poder Ejecutivo, que selecciona un nombre y lo envía al Senado para obtener el acuerdo.

Una vez que la Cámara Alta presta ese acuerdo, el paso final es la firma del decreto presidencial que formaliza la designación. Es en ese último eslabón donde el Gobierno decidió poner un freno, al menos por ahora.

La interpretación de Cúneo Libarona genera tensión con quienes consideran que, una vez obtenido el acuerdo senatorial, el Ejecutivo tiene la obligación institucional de completar el trámite. Para esta otra lectura, dilatar la firma del decreto equivale a desconocer la voluntad del Senado y a interferir con la independencia del Poder Judicial.

Un antecedente que genera polémica

La decisión del Gobierno no se produce en el vacío. Desde el inicio de su gestión, la administración Milei ha mantenido una postura firme respecto del control que pretende ejercer sobre las designaciones judiciales. El Ejecutivo entiende que estas decisiones forman parte de una estrategia más amplia de política judicial y que no deben apresurarse.

En distintos ámbitos de la oposición y de la comunidad jurídica, sin embargo, la demora en la firma de nombramientos ya aprobados por el Senado se percibe como una maniobra de presión. La preocupación se centra en que este tipo de prácticas pueda convertirse en un mecanismo habitual para condicionar al Poder Judicial.

El caso Michelli se suma así a una serie de episodios que alimentan el debate sobre los límites del poder presidencial en relación con la Justicia. La pregunta de fondo es si la facultad de elegir y proponer candidatos incluye también la de bloquear designaciones que ya recorrieron todo el camino institucional previsto.

La postura del oficialismo

Desde el entorno del Presidente, la posición es clara: no hay ninguna irregularidad. El argumento central es que la Constitución otorga al Ejecutivo la potestad de firmar los decretos de nombramiento y que esa potestad incluye, necesariamente, la libertad de decidir el momento para hacerlo.

Cúneo Libarona fue enfático al respecto. Su mensaje apuntó a dejar en claro que el Gobierno no reconoce plazos perentorios para este tipo de actos administrativos y que la decisión final recae exclusivamente en el Presidente.

Esta postura, si bien tiene sustento en una lectura literal de las normas, choca con la práctica institucional habitual, en la que los decretos de nombramiento suelen firmarse en un plazo razonable una vez obtenido el acuerdo del Senado.

Qué puede pasar ahora

El escenario tiene varias derivaciones posibles. Si Milei firma el decreto en los próximos días, la controversia quedará como un episodio de tensión menor. Pero si la demora se prolonga, es probable que se intensifiquen los reclamos desde la oposición y desde sectores del Poder Judicial.

No se descarta que, en caso de una dilación extendida, algún actor institucional recurra a la vía judicial para forzar la concreción del nombramiento. Sería un escenario inédito que profundizaría el conflicto entre poderes del Estado.

Por ahora, la pelota está en el campo del Ejecutivo. El ministro Cúneo Libarona dejó en claro que no hay apuro y que la firma llegará cuando el Presidente lo decida. Mientras tanto, el cargo que debería ocupar la jueza Michelli permanece en un limbo jurídico y político.

Un debate que trasciende el caso puntual

Más allá de la situación particular de Michelli, lo que está en juego es la relación entre los poderes del Estado en materia de nombramientos judiciales. Si el Ejecutivo consolida la interpretación de que puede demorar indefinidamente la firma de un decreto de designación ya avalado por el Senado, se modifica de hecho el equilibrio institucional previsto por la Constitución.

Para la comunidad jurídica, el tema no es menor. La cobertura de vacantes en el Poder Judicial afecta directamente el funcionamiento de los tribunales y, en última instancia, el acceso a la justicia de los ciudadanos.

La definición del caso Michelli sentará un precedente importante. Según cómo se resuelva, quedará más claro si el acuerdo del Senado es el último paso sustantivo del proceso o si, como sostiene el Gobierno, la firma presidencial es una facultad discrecional sin plazo ni obligación.