Irrigación destituye a funcionario por corrupción y le ordena devolver treinta millones

El Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación destituyó a Alejandro Currenti, exinspector de cauce de Corralitos, tras comprobarse irregularidades graves que causaron un perjuicio de cerca de treinta millones de pesos. Currenti quedó inhabilitado para ejercer cargos en cualquier organismo de la administración del agua y deberá devolver los fondos malversados, además de hacer frente a multas.

Un fraude con identidades falsas

Entre los actos de corrupción comprobados figura uno que trasciende lo anecdótico: Currenti utilizó la identidad digital de una persona fallecida para realizar operaciones bancarias y malversar fondos. El esquema permitía ejecutar transacciones que no dejaban registros claros de su autoría y facilitaba el desvío de recursos de los regantes.

Además de este fraude, el exinspector ejecutó una obra que figuraba como propiedad de la Inspección de Cauce, pero que se realizó en un inmueble de su propiedad personal. También contrató a su propia esposa en la repartición y utilizó su tractor para trabajos de la organización, cobrando por el alquiler con fondos de los regantes mientras supuestamente arreglaba la maquinaria.

Las sospechas que se convirtieron en certeza

El escándalo comenzó a tomar forma cuando las rendiciones de cuentas de la Inspección Vertiente Corralitos no cerraban. Las sospechas aumentaron cuando se detectaron obras que se pagaban pero nunca se ejecutaban, y contratos para múltiples personas realizando la misma tarea, beneficiando solo a Currenti.

La estructura de Irrigación tardó en llegar a una sanción definitiva, pero el Tribunal Administrativo finalmente decidió la expulsión de Currenti e inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos.

Otros funcionarios también cayeron

No solo Currenti fue destituido. El Tribunal también expulsó a cuatro autoridades más de la Inspección de Cauce de Corralitos por avalar el accionar del exinspector: Antonio Miguel Sánchez, Oscar Amer, Jaime Francisco Vives y José Alberto Sánchez. Todos fueron responsabilizados por permitir que las irregularidades prosperaran sin cuestionamiento.

Vínculos políticos en el punto de mira

El caso generó un fuerte impacto en Irrigación y en el oficialismo local. Currenti tiene fuertes vínculos con autoridades de Guaymallén, municipalidad con la cual había firmado acuerdos para la realización de obras. El exintendente Marcelino Iglesias fue siempre uno de sus defensores.

Las Inspecciones de Cauce son organizaciones de regantes cuyas autoridades son votadas por los propios usuarios del agua. Administran fondos importantes aportados por los regantes y tienen vinculación con el Departamento General de Irrigación, que además las controla y supervisa.

Lo que viene

Ahora Currenti deberá devolver la cifra que podría superar los treinta millones de pesos por fondos malversados, además de hacer frente a las multas administrativas. Su inhabilitación lo separa de cualquier cargo en organismos de la administración del agua, cerrando así su trayectoria en esa esfera.

El escándalo deja al descubierto falencias en los controles internos de Irrigación y plantea interrogantes sobre cómo fue posible que estas irregularidades prosperaran durante tanto tiempo sin detección. La sanción marca un antes y después en la institución y envía una señal sobre las consecuencias de la corrupción en organismos que manejan recursos de los ciudadanos.

*(Según información de El Cuco Digital)*