Fernández Sagasti cuestiona reforma del Registro Nacional de Armas

La senadora Anabel Fernández Sagasti salió al cruce del decreto 770/26 que el Gobierno nacional impulsó para modificar el funcionamiento del Registro Nacional de Armas. La legisladora mendocina calificó la medida como "una bomba de tiempo" y alertó sobre sus consecuencias en materia de seguridad pública.

Según el análisis que presentó Fernández Sagasti, el decreto genera cambios significativos en la estructura de la cúpula del RENAR. El Gobierno crearía nuevos cargos con sueldo de Secretario de Estado para directivos del organismo, lo que representa un refuerzo en la gestión administrativa pero que, según la senadora, ocurre en simultáneo con medidas que debilitan el control.

El debilitamiento del organismo de control

La mendocina denunció que el decreto "ratifica la eliminación del fondo de prevención de la violencia armada", un programa que estaba orientado a financiar acciones preventivas. Además, aseguró que el Gobierno despidió al 80% del personal del organismo, dejando a la institución con menos de 10 inspectores.

Esta reducción de personal es especialmente crítica considerando la magnitud de la tarea: casi 800 mil armas irregulares circulan en barrios de todo el país, según el dato que esgrimió la legisladora. Con tan pocos inspectores, el control sobre estas armas resulta prácticamente imposible.

La contradicción de la política de armas

Fernández Sagasti señaló una contradicción en la estrategia oficial. "Mientras desregulan y facilitan la importación y la tenencia de armas, vacían por completo el organismo que tiene que controlar quién las compra y dónde están", indicó.

Esta tensión es central en el cuestionamiento de la senadora: si el Gobierno busca promover la tenencia de armas (como lo ha manifestado en sus políticas), resulta contradictorio reducir simultáneamente la capacidad de fiscalización del Estado sobre quién adquiere y dónde se encuentran estas armas.

La alerta por seguridad

La mendocina contextualizó su crítica en el marco de la creciente violencia social. "En un contexto de amenazas de tiroteos en las escuelas, barrios controlados por el narco y en una creciente violencia social, es una bomba de tiempo", señaló.

Esta caracterización pone el foco en cómo una medida administrativa puede tener consecuencias concretas en la seguridad de la ciudadanía. Menos inspectores, menos prevención de violencia armada y más facilidades para la tenencia de armas configura, según el planteo de Fernández Sagasti, un escenario de riesgo.

Antecedentes de la advertencia

La senadora subrayó que desde su espacio político ya habían alertado sobre esta situación en tiempos anteriores. La denuncia no surge de ahora, sino que forma parte de un seguimiento que su bloque viene haciendo sobre cómo se gestiona el RENAR desde diferentes administraciones.

El decreto 770/26 sigue siendo materia de debate en círculos legislativos y de seguridad. Mientras algunos ven en las reformas administrativas una modernización necesaria, sectores como el que representa Fernández Sagasti advierten sobre los riesgos que implica acompañarlas con una reducción drástica de capacidades de control.