IPV avanzará con desadjudicación de 28 viviendas por deudas e irregularidades


El Instituto Provincial de la Vivienda inició 413 expedientes este año por morosidad y alquileres irregulares. Ya tiene resolución para quitar 28 propiedades a sus adjudicatarios.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) intensificó sus controles sobre las propiedades sociales y ya cuenta con la resolución para desadjudicar 28 viviendas durante este año. La acción responde a casos de morosidad y alquileres irregulares detectados entre los beneficiarios de viviendas otorgadas por el organismo.
Este 2026, el IPV inició un total de 413 expedientes por distintas irregularidades en el manejo de las propiedades asignadas. Según explicó Gustavo Cantero, titular del organismo, más de la mitad de esos casos ya fueron resueltos y solo una proporción menor termina con la pérdida definitiva de la vivienda. "Este año llevamos iniciados 413 expedientes con el tema de estas situaciones. Ya están resueltos 253 casos", detalló el funcionario.
La mayoría logra regularizar su situación
En buena parte de los expedientes, los adjudicatarios consiguieron regularizar su situación pagando o refinanciando la deuda, o resolviendo problemas vinculados con la ocupación de la propiedad. Cantero subrayó que la cantidad de casos que finalmente terminan en una desadjudicación definitiva es mucho menor que lo que podría esperarse. "Terminás con aproximadamente no más de un 10%, menos de un 10% anual de casos de desadjudicación total, porque la gente viene y regulariza su situación", afirmó.
Los controles del IPV apuntan a detectar situaciones donde las propiedades son utilizadas de manera irregular o se aprovecha el beneficio habitacional para hacer negocios. Los 28 expedientes que ya cuentan con resolución para avanzar con la desadjudicación constituyen el grupo más pequeño de incumplimientos graves.
Expectativa en nuevos procedimientos judiciales
Cantero explicó que el IPV se encuentra a la espera de la plena aplicación del nuevo procedimiento de desalojo y trabaja en la capacitación de los jueces de paz para poder avanzar judicialmente en estos casos. El objetivo central es diferenciar entre quienes atraviesan dificultades genuinas para pagar su vivienda y aquellos adjudicatarios que alquilan la propiedad, realizan negocios con ella o falsificaron información para obtener el beneficio habitacional.
El titular del IPV señaló que la población está tomando conciencia sobre el valor de las casas y la necesidad de pagarlas. Indicó además que la atención al público del organismo "se ha triplicado" debido a la cantidad de adjudicatarios que se acercan para buscar alternativas y regularizar su situación. "El 95% de los casos se resuelve que la gente viene, cancela su deuda o se pone al día", afirmó Cantero.
Qué ocurre tras una desadjudicación
Una vez que una vivienda es desadjudicada, el IPV analiza primero quiénes están ocupando actualmente la propiedad. Si se trata de una familia que cumple con los requisitos establecidos por el organismo, puede acceder a la adjudicación de esa misma vivienda.
Entre las condiciones se encuentran no tener otra propiedad, contar con ingresos familiares de hasta tres salarios mínimos, vitales y móviles, y estar inscripta en el Registro de Necesidades Habitacionales, entre otros requisitos. En esos casos, el IPV actualiza el valor de la vivienda y establece un nuevo esquema de cuotas de acuerdo con las condiciones vigentes.
Un esfuerzo por redistribuir recursos
La estrategia del instituto busca dar una solución a las personas que efectivamente necesitan vivienda mientras actualiza los valores y beneficiarios de propiedades que no estaban siendo ocupadas de forma regular. La acción forma parte de un esfuerzo más amplio por mejorar el control y la transparencia en la asignación de viviendas sociales en la provincia de Mendoza.
Según el titular del IPV, la intensificación de controles y la difusión de estos procedimientos han generado mayor conciencia entre los adjudicatarios sobre la responsabilidad que conlleva recibir una vivienda del Estado. El aumento en la cantidad de consultas refleja que más personas buscan regularizar su situación de manera voluntaria antes de que se inicien procedimientos formales de desadjudicación.
Seguí la noticia completa sobre las acciones del IPV en Mendoza.
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