Petri contra la jueza que frenó la baja de imputabilidad en Buenos Aires
El diputado mendocino cuestionó la suspensión de 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense y acusó al kirchnerismo de defender a los delincuentes.
Luis Petri salió al ataque contra la decisión judicial que suspendió la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires. El diputado nacional mendocino cuestionó tanto la resolución como a la magistrada que la dictó, acusando al kirchnerismo de posicionarse "una vez más del lado de los delincuentes".
La medida fue adoptada el lunes pasado por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº2 de Lomas de Zamora. La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La suspensión alcanza a todo el territorio bonaerense y tiene una vigencia de 60 días.
El cruce de Petri
La reacción del diputado fue inmediata y contundente. "El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la Provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo", expresó Petri en referencia a que la ley entró en vigencia el sábado anterior y fue frenada apenas 48 horas después.
Petri defendió la reforma aprobada por el Congreso Nacional el 28 de febrero y exigió su aplicación inmediata. "Aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores, no hay excusa para no aplicarla", afirmó el legislador mendocino.
Además de criticar a la jueza, Petri apuntó directamente contra la administración provincial de Axel Kicillof y contra la Justicia bonaerense. "Las víctimas no pueden seguir pagando la improvisación y el abandono de Kicillof y la Justicia provincial. ¡Hagan cumplir la ley!", sostuvo con dureza.
Qué establece la nueva ley
La Ley 27.801 introduce cambios significativos en el tratamiento penal de adolescentes. La normativa establece un nuevo régimen para jóvenes de 14 años en adelante y hasta antes de cumplir los 18 que sean imputados por delitos. Anteriormente, la edad de imputabilidad se fijaba en 16 años.
La ley fue sancionada el 28 de febrero y entró en vigencia el sábado siguiente, generando expectativas en sectores que demandaban endurecer las políticas de seguridad para menores infractores.
Los argumentos de la jueza
La jueza Pascual fundamentó su decisión de suspender la aplicación en que la provincia de Buenos Aires actualmente carece de las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para recibir a una mayor cantidad de adolescentes privados de su libertad.
Según la magistrada, la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal provocaría un aumento progresivo en la cantidad de jóvenes detenidos y extendería los períodos de permanencia en los establecimientos de privación de libertad.
La jueza señaló deficiencias concretas en los dispositivos bonaerenses vinculadas con infraestructura, educación y capacitación laboral. Consideró que estos establecimientos no están en condiciones de albergar a más adolescentes sin poner en riesgo sus derechos fundamentales.
El estado de la controversia
La decisión de Pascual refleja una tensión entre dos posiciones distintas respecto al tratamiento penal de menores. De un lado, legisladores como Petri que priorizan la punibilidad de delitos cometidos por adolescentes. Del otro, magistrados que alertan sobre las deficiencias estructurales del sistema penitenciario para alojar a más jóvenes.
La suspensión de 60 días abre un período en el que se esperaría que la provincia de Buenos Aires demuestre que cuenta con las condiciones necesarias para aplicar la ley. Sin embargo, la controversia judicial y política que rodea la medida sugiere que el tema seguirá siendo motivo de enfrentamientos entre diferentes actores del sistema.
Leé el análisis completo de la polémica judicial que divide opiniones en Argentina.
