Casación rechazó sancionar a jueces que compartan información con periodistas

La Cámara de Casación desestimó la propuesta del magistrado Carlos Mahiques de sancionar a los jueces que compartan información con periodistas. La iniciativa generó controversia desde que fue presentada la semana pasada y motivó una reunión de aclaraciones este martes.

Mahiques sostuvo en el encuentro que su intención no era limitar la actividad periodística, sino establecer parámetros sobre cómo los magistrados se comunican con los medios de comunicación.

El rechazo del tribunal

Los integrantes de Casación determinaron que la propuesta no debía prosperar. La decisión marca un punto de inflexión en el debate sobre los vínculos entre el Poder Judicial y la prensa.

La medida generó críticas de sectores vinculados a la libertad de expresión y del periodismo, que vieron en la propuesta un potencial riesgo para el acceso a la información de interés público.

Las aclaraciones de Mahiques

Este martes, en la reunión convocada en el tribunal, Mahiques intentó despejar dudas sobre sus intenciones. El magistrado afirmó que el objetivo no era cerccenar ni obstaculizar el trabajo periodístico ni la cobertura de casos judiciales.

Sin embargo, la polémica dejó en evidencia tensiones internas sobre cómo los magistrados deben interactuar con los medios en el contexto de causas en trámite.

El debate de fondo

La propuesta planteaba interrogantes sobre los alcances de la transparencia judicial y los límites que pueden establecerse en la comunicación entre funcionarios del sistema de justicia y la prensa.

Desde diferentes espacios se argumentó que los periodistas necesitan acceso a información para cumplir su función de fiscalización y que sancionar a jueces por brindarla constituiría un retroceso institucional.

Estado actual

Con el rechazo de Casación, la iniciativa de Mahiques quedó descartada. No obstante, el episodio reavivó debates sobre la relación entre Poder Judicial, transparencia y libertad de prensa que seguirán siendo materia de discusión en espacios profesionales y académicos.

La decisión del tribunal cierra este capítulo específico pero deja abiertos interrogantes sobre cómo regular y equilibrar la comunicación entre magistrados y medios de comunicación sin afectar derechos fundamentales.