Gobierno descarta auditoría interna en caso Adorni por gastos de tarjeta

El Gobierno dio marcha atrás en su intención de realizar una auditoría interna sobre el escándalo del exjefe de Gabinete Manuel Adorni. El vocero presidencial Adrián Ravier fue contundente al anunciar que no hay un proceso paralelo de investigación dentro de Casa Rosada.

"El tema está claramente en la Justicia, nosotros no tenemos un proceso interno aparte", señaló Ravier durante su segunda conferencia de prensa en el Palacio presidencial. Esta afirmación marcó un giro respecto a lo expresado una semana antes, cuando el mismo portavoz había confirmado que la administración libertaria estaba evaluando y analizando el caso puertas adentro.

El cambio de postura

Hace siete días, cuando se le preguntó sobre si el escándalo motivaba una investigación interna, Ravier respondió: "Sí, por supuesto. Estamos apenas llegando, pero por supuesto todas estas cosas se están evaluando, analizando y demás". Sin embargo, la respuesta de esta semana fue diametralmente opuesta.

El vocero insistió en que no existe "un mecanismo aparte nuestro", centrando toda responsabilidad investigativa en el Poder Judicial. Cuando fue consultado nuevamente sobre la posibilidad de una auditoría, fue tajante: "El tema está en la Justicia y las personas tienen que declarar en la Justicia, no hay un proceso aparte".

Quiénes están involucrados

El escándalo trasciende a Manuel Adorni, quien renunció a su cargo como jefe de Gabinete tras el destape. También compromete a Laura Schiuma y Luis Aluju, ambos miembros de la Jefatura de Gabinete. La Justicia los considera parte de una operación cuyo objetivo fue ocultar la verdadera titularidad de los gastos.

Schiuma ya declaró como testigo y afirmó que Adorni le devolvió el dinero en efectivo. El monto total que habría reintegrado fue de $2.184.999,05.

Los números del caso

Durante sus dos años y medio al frente de la Jefatura de Gabinete, Adorni realizó consumos con tarjeta de crédito que superaron ampliamente su salario como funcionario público. Los gastos anuales alcanzaron los 139.110.716,6 pesos, cifra que ya forma parte de la investigación judicial.

Esta información, junto con otros movimientos financieros, fue lo que llevó a que la causa llegara a manos de la Justicia para su esclarecimiento.

El rol de la Justicia

Al descartar una auditoría interna, el Gobierno trasladó completamente la responsabilidad investigativa al Poder Judicial. Ravier enfatizó que las personas involucradas "tienen que declarar en la Justicia", dejando en claro que no habrá un proceso paralelo dentro del Ejecutivo.

El cambio de postura genera interrogantes sobre las razones del giro de la administración libertaria, en un contexto donde el escándalo Adorni se mantuvo en el centro del debate político durante semanas.