Mendoza rechaza la cautelar que suspendió las regalías de Los Nihuiles

La Ministra Jimena Latorre cuestionó el fallo que frenó el cobro del 100% de regalías de Los Nihuiles. El Gobierno de Mendoza busca llevar el conflicto a la Corte Suprema.
El Gobierno de Mendoza rechazó con dureza la medida cautelar que suspendió el Decreto 982/2026, el cual establecía que el 100% de las regalías del Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles correspondiera a la provincia. La decisión provino de la Justicia Federal de Santa Rosa, a solicitud de La Pampa, y genera un conflicto que podría llegar a la Corte Suprema.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, fue contundente al calificar la resolución judicial. "El fallo es un mamarracho. Es una cautelar interina sobre una cautelar autónoma que se resolvió sin contraparte; es decir, que no se le dio aviso a la Nación y en la que ni siquiera se acredita la personería jurídica", expresó la funcionaria.
La jurisdicción en disputa
Latorre cuestionó además que un juzgado federal de Santa Rosa haya tomado la decisión. Según el argumento del Gobierno mendocino, el conflicto debería tramitar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque se trata de una controversia entre una provincia y el Estado nacional.
"Lo que el gobierno pampeano intenta hacer con esto es que la causa caiga en un juzgado de su provincia y no en la Corte Suprema, que es el ámbito donde corresponde porque se trata de un conflicto Nación-Provincia", afirmó la ministra.
El impacto inmediato en las regalías
La cautelar interina tiene consecuencias directas en los ingresos provinciales. Mientras se resuelve judicialmente la medida, se suspende el cobro del 100% de las regalías y permanece vigente el esquema anterior de distribución.
"Las cautelares deben resolverse de manera expedita; mientras tanto, se suspende el cobro del 100% de las regalías por parte de la provincia y, hasta que se resuelva la cautelar, queda vigente el esquema anterior", explicó Latorre.
Esta modificación afecta directamente los ingresos provinciales, ya que el Decreto 982/2026 había eliminado el régimen vigente desde 1973 e intentaba que los recursos del complejo hidroeléctrico correspondieran íntegramente a Mendoza.
Las acciones del Gobierno
Aunque Mendoza no puede apelar esta instancia en particular, desde el Gobierno provincial adelantaron que pedirán ser considerados como parte en el expediente. El equipo de Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado ya trabajan en el seguimiento del caso y en la elaboración de presentaciones propias.
El conflicto representa un enfrentamiento entre Mendoza y La Pampa por la distribución de los recursos generados por uno de los complejos hidroeléctricos más importantes de la región, con implicancias que trascienden lo provincial y requieren definiciones del máximo tribunal del país.
Según Cóndor Noticias, basado en información de El Sol Mendoza.
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